En los cinco primeros meses de 2023, según cifras de la Defensoría del Pueblo, el país ha registrado un total de 117 hechos violentos, 24 de ellos corresponden a acciones bélicas directas y 93 se relacionan con acciones violentas indirectas con efectos sobre la población civil. El dato ha despertado preguntas sobre qué tan claras y articuladas están siendo las acciones del Gobierno nacional para hacerle frente a estos hechos y, asimismo, qué tanta disposición tienen los grupos armados de cumplir lo que se acuerda cuando se decreta cese al fuego.
Esta semana ha estado en el centro de la discusión la posibilidad de concretar un cese al fuego con ELN, esta vez sí consensuado. Varios sectores destacan que el anuncio significaría una oportunidad para avanzar en la implementación de la ‘Paz Total’, ya que el carácter expansivo de esta organización en los últimos meses ha sido evidente: tienen presencia en más de 19 departamentos y más de 280 municipios, según datos que entregó el defensor del pueblo Carlos Camargo durante la jornada.
Sin embargo, para otros, aún no existe una claridad sobre cómo se logrará esa paz, teniendo en cuenta lo problemático que ha sido firmar consensos con otros grupos como el Clan del Golfo, cuya orden de cese fue suspendida a mediados de marzo bajo el argumento de que un acuerdo más unilateral que bilateral.
Lo mismo ocurrió con el Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias ‘Iván Mordisco’, que actualmente tiene un fuerte control ilegal sobre todo en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. Con este grupo, el cese al fuego tuvo que suspenderse luego de que se conociera un informe de inteligencia militar en el que se menciona que cometieron más de 226 acciones violatorias de la medida.
“Habrá una acción, esperamos que muy contundente desde la fuerza pública, contra el Estado Mayor Central, que igualmente en el plan que las Fuerzas Militares han diseñado, el Plan Ayacucho, contra estas organizaciones armadas que no se encuentran en cese con el propósito de recuperar el control legal del territorio”, mencionó Iván Velasquez, ministro de defensa.
Los presentes coincidieron que, teniendo en cuenta la preocupante situación de control territorial, el Estado debe hacer una lectura urgente que le permita reacomodar sus fuerzas especiales y planes de acción, contención y protección.
La primera recomendación que hizo la academia y algunas organizaciones de la sociedad civil, es que el ministerio separe las confrontaciones entre grupos, pues cada organización criminal tiene su propia estructura, distribución y fines. Si bien el ministro reconoció que cuando los diversos frentes de las Farc abandonaron el territorio tras la firma del Acuerdo de Paz, los vacíos permitieron “una presencia muy fuerte de nuevas confrontaciones y guerras entre GAI que pretendieron asumir el control y que en muchos territorios lograron consolidar su poder”.
“Se requiere una hoja de ruta y una colaboración armónica con el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía (…) Es urgente hacer una revisión de nuestro modelo de descentralización en temas de seguridad. El Gobierno tiene una misión de descentralización muy importante en el tema de seguridad y justicia”, mencionaron desde la Fundación Ideas para la Paz.
El investigador Jorge Mantilla también mencionó que las operaciones ofensivas que se realicen deben contar con corredores humanitarios. Solo así se evitará lo que está sucediendo actualmente en Chocó, donde la Defensoría del Pueblo informó que más de 5 mil personas se encuentran confinadas por el paro armado que adelanta el ELN, grupo que tiene un especial interés de control de los negocios la minería, la extracción de madera y de la coca en esa zona.
“Cerca de 700 toneladas de cocaína se decomisaron el año pasado en el país. Hay que reflexionar sobre, a partir de estas incautaciones, cuántas estructuras se han desarticulado en virtud de la labor investigativa de la Fiscalía, apoyada por la Policía Nacional”, mencionó el ministro de defensa.
La contrarespuesta de algunos de los asistentes apuntó a que el hecho de pegarle al narcotráfico no implica una protección directa al ciudadano, y que hablar de control y presencia del Estado en las regiones también abarca otras aristas como inversión social, destinación de recursos para seguridad a municipios de sexta categoría, planes de prevención para líderes sociales, fortalecimiento de las instituciones judiciales, protección de la infraestructura y pequeños productores, entre otras.
