En las últimas semanas la situación de seguridad en el país ha vuelto a encender las alarmas. Los anuncios de creación de nuevos bloques por parte del Estado Mayor Central, la tensión en Valle del Cauca frente a posibles ataques de grupos armados a la COP16 y la reciente incertidumbre que se vive en la frontera colombo-venezolana por los cuestionados resultados electorales son algunas de las causas.
Estas situaciones han impulsado de manera urgente el diálogo entre diversos sectores con dos objetivos claros: entender el porvenir de la seguridad nacional y anticipar respuestas que puedan garantizar tanto el orden público como la no violación de derechos humanos en las regiones.
Precisamente, para conversar alrededor de los retos y acciones que pueden tomarse para enfrentar esta crisis, Prisa Media y W Radio, organizaron este martes 31 de julio el ‘Desafío de Seguridad en las Regiones, un llamado a la acción’, un espacio que contó con la presencia de las voces más cualificadas en esta materia a nivel nacional.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, desde 2017, los grupos armados han incrementado significativamente su capacidad de reclutamiento y control territorial, con picos en 2021 y 2022. Esta escalada de violencia ha provocado el asesinato de cientos de líderes sociales, crisis humanitarias y hasta confinamientos en varias regiones.
“Actualmente se registra que el conflicto armado afecta a 31 de los 32 departamentos. Sin embargo, cada territorio tiene sus propias causas. No se puede generalizar una política. Y aunque no hay una solución única, el respeto a los derechos humanos sí debe ser transversal. La inseguridad cuesta en vidas”, comentó Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, durante la instalación del espacio, que dejó cinco conclusiones principales:
Las dinámicas de conflicto armado han cambiado y varían en cada territorio
Los panelistas coincidieron en que es necesario que el Gobierno y los entes de control comprendan que el conflicto armado se ha reconfigurado con el paso de los años.
Los presentes aseguraron que este cambio se debe principalmente al creciente interés de los actores armados en las economías ilegales, que ofrecen altos niveles de rentabilidad. En otras palabras, su motivación principal ya no son causas políticas, sino intereses económicos.
“La violencia ya no es la misma de 2016, es una suma de violencias cuyo denominador común es la disputa por las rentas de las economías ilegales, que se manifiestan de distintas formas en cada territorio. Debemos quitarnos de la cabeza que hay un conflicto armado o varios, lo que hay es violencias”, puntualizó Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz.
Esta transformación en las dinámicas del conflicto exige que los organismos de seguridad y protocolos se adapten, especialmente en un contexto donde, como se mencionó, “el conflicto armado ha pasado de ser rural a urbano”. Esto ha llevado al surgimiento de otras fuentes de financiamiento como el microtráfico, la apropiación indebida del presupuesto público, la extorsión, entre otras:
“La extorsión no depende de ningún producto ilegal (…) Ya el conflicto no es solo un tema de extracción de rentas ilegales, sino también de depredación de las economías legales”, explicó Laura Bonilla, directora de la Fundación Paz y Reconciliación, la misma entidad que registró que, entre 2022 y 2023, la extorsión creció un 7.9% en Colombia.
La seguridad no solo compete a la Rama Judicial
Varios mandatarios destacaron que la seguridad requiere una coordinación efectiva entre actores e instituciones. En este contexto, los mandatarios locales son clave para adaptar e implementar políticas que respondan a las realidades específicas de cada región, asegurando así una “territorialización de la paz y la seguridad”.
“La seguridad es un concepto que debe arraigarse en toda la institucionalidad del Estado, no solo a la rama judicial”, enfatizó Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño.
A su llamado se sumó María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, quien mencionó que los planes de seguridad locales deben ser una ramificación del nacional, y que no deben ser pensados solo para cumplir con procesos burocráticos.
El cese al fuego no garantiza una seguridad total
El próximo 3 de agosto, el país suspenderá el cese al fuego bilateral con el ELN, lo cual implicaría reanudar las acciones ofensivas por parte del Gobierno y una preocupante posibilidad de aumento del hostigamiento del grupo armado hacia la población civil.
Estos diálogos entre el Gobierno y la guerrilla han recibido aplausos de algunos sectores, pero también críticas de otros. Los segundos argumentan que no hay suficiente claridad sobre las prohibiciones. Además, que existe una falta de cohesión entre los negociadores y algunas estructuras que continúan operando en el país.
Ante esta situación, la ONU en Colombia hizo un llamado a recordar que el cese al fuego no garantiza la seguridad total, sino que es un instrumento complementario como parte de un diálogo de paz. En palabras de Carlos Ruíz Massieu, Representante Especial del secretario general de la organización en el país:
“Lo más importante son las políticas de seguridad que el Estado debe implementar (…) El cese debe definir claramente las actividades prohibidas, para que no haya confusión en la fuerza pública, y contar con mecanismos de verificación robustos”.
La seguridad abarca más aspectos dentro de un Estado Social de Derecho
Los panelistas aprovecharon sus intervenciones para hacer un llamado a dejar de limitar la seguridad al ámbito militar. Para ellos abarca, también, el cumplimiento de puntos clave en materia de derechos humanos, pues son estos los que garantizan el cierre de brechas sociales e impulsan a la población a salir de los círculos de pobreza:
“Es necesario no quedarnos solo en la violencia, sino ampliar el concepto de seguridad hablando de desarrollo humano sostenible, de ética y democracia. Debemos procurar participación y solidaridad. Fortalecer la seguridad familiar, de alimentación y la cooperación entre actores”, comentó al respecto el monseñor Víctor Manuel Ochoa, Obispo Castrense de Colombia.
