Las sociedades democráticas se consolidan cuando se garantiza que todos, sin importar las diferencias, estén cobijados bajo los mismos derechos y deberes. También, cuando se asegura que las mayorías están siendo representadas por líderes que son afines al concepto de desarrollo que necesita cada territorio.
En Colombia, la Constitución de 1991 sentó las bases para que sectores de la sociedad que antes estaban excluidos pasaran a ser tenidos en cuenta en espacios de participación y en de creación de políticas públicas. No obstante, aún después de instaurarse dicho modelo político, quedan desafíos que no han podido superarse. Uno de ellos es el gran acuerdo político para terminar el conflicto armado y consolidar esa “paz total” que aparece como bandera de campaña de todos los gobiernos.
Hoy, los diálogos con el ELN y la posibilidad de cese al fuego con grupos armados ilegales ocupa uno de los temas centrales de la agenda política, sobre todo este año en el que se disputarán elecciones regionales para trazar el rumbo que deberán seguir los territorios durante los próximos cuatro años. Ese rumbo debe incluir temas económicos, políticos, sociales y de seguridad, todos retos discutidos durante el Desafío de la Democracia sostenido por Prisa Media en alianza con Bancolombia y Coca-Cola.
A continuación, algunas conclusiones que dejó el gran encuentro llevado a cabo el 10 de agosto en la Torre Atrio, en Bogotá y en el que participaron 40 expertos de todos los sectores involucrados en el escenario democrático nacional.
Los problemas históricos necesitan soluciones de fondo y a largo plazo
“Una paradoja de nuestro sistema político es que el 48% de las personas creen en el reino democrático, pero solo el 17% está satisfecho con el mismo, según el latino barómetro”, comenta Mauricio Rosillo, vicepresidente de Bancolombia.
Uno de las conclusiones del foro ‘Desafíos de la Democracia’, organizado por Prisa Media, Caracol Radio y W Radio, fue la necesidad de lograr un “rescate social”, en el que se establezca como prioridad el cumplimiento de derechos, siendo las reformas laboral y pensional dos de los principales caminos para conseguirlo. “Una democracia como Colombia, tan humillantemente desigual, no tiene cómo tolerar social y políticamente un grado más de pobreza y desigualdad (…) 8 de cada 10 personas mayores de 50 años en Colombia están en la pobreza”, comentó la alcaldesa Claudia López.
Y es que, históricamente, cifras como esta han saltado a la discusión cuando en el país se habla de paz o democracia. Para David Racero, representante a la Cámara, “Tal vez las limitaciones que tenemos para plantear soluciones a problemas históricos tiene que ver con la imposibilidad de plantear soluciones estructurales y de largo plazo”.
Para los asistentes, centrarse en cumplir los derechos básicos de la población debe ser una prioridad a la hora de hablar de paz, seguridad y democracia, pues sin estos no es posible que una sociedad pueda cultivar dichas ideas.
La seguridad de las elecciones regionales está en juego
Según el registrador nacional Alexander Vega, este año se registró un total de 132.553 candidatos frente a los 116.546 de las elecciones anteriores. Aunque celebra el aumento, también menciona que para estas elecciones existen ciertos riesgos adicionales relacionados con temas de orden público. Por ejemplo, doce alcaldes no están despachando desde sus municipios, y ciertos municipios no han podido abrir puestos de inscripción de candidatos por amenazas directas y constreñimiento.
“Hemos tenido de octubre a acá, 116 hechos de violencia y 152 víctimas, entre candidatos y operadores políticos. Tenemos 26 asesinatos, 20 atentados más y 106 amenazados. Es decir, el panorama de violencia y de interferencia de actores ilegales o de corrupción es muy grave (…) Si todo el país realmente le apuesta a este cese bilateral con el ELN y este a su vez contagia ceses con otros grupos, si rodeamos esos procesos, podemos tener un descenso de la violencia y de los factores que afectan duramente a la democracia en Colombia”, comentó León Valencia.
Jairo Libreros, profesor de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado, también mencionó que Colombia ocupa el primer lugar entre los países donde más se pierden elementos democráticos. Según él, el deterioro de la democracia es un tema que abarca desde la favorabilidad de los gobernantes hasta la capacidad de los jueces para impartir justicia. Es decir, la rama judicial se considera parte del conflicto, no quien lo dirime.
Por otro lado, la permanencia de los funcionarios públicos en los puestos también fue un tema que salió a flote, ya que el cambio constante de representantes puede contar la continuidad de los procesos y desestabilizar las políticas de los territorios. La Guajira, por ejemplo, tuvo catorce gobernantes en tres períodos. Arauca, en cuatro años, ha tenido cuatro gobernadores. “Lo que tiene guajira además de un estado de emergencia social es un estado de emergencia político”, puntualizó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).
La paz es una sola. No hay dos bandos de “amigos” y “enemigos”
La narrativa que ubica a los diferentes actores que participan o se ven afectados por el conflicto armado en polos opuestos, según los asistentes, es solo otro palo en la rueda a la hora de construir un concepto de paz nacional.
“Creo que es grave para el país volver a entrar en la diatriba de enemigos y amigos de la paz. Tenemos que darnos cuenta de que llevamos más de 32 procesos de paz y seguimos siendo uno de los países más violentos del mundo (…) La guerra no es contra ideas políticas sino contra economías ilegales (…) Darle justificación a las violencias hace que la violencia renazca. Vivimos en un círculo donde cambiamos el nombre de quien nos asesina y nos sigue asesinando”, expresó la senadora Paloma Valencia.
Una de las soluciones que plantearon los presentes para superar esa polaridad es salirse de las discusiones partidistas y empezar a ver las políticas de Estado, no las de gobierno. A través de las políticas de Estado se logra una visión más amplia, y más a largo plazo, sobre lo que está o no funcionando, para mantenerlo o cambiarlo. La paz, en ese sentido, debe ser una política de Estado a la que todos los gobiernos locales se acojan en unanimidad, sin dejar por fuera las particularidades de cada territorio.
“La ciudadanía puede ser garante de que políticas que han funcionado continúen más allá de las discusiones partidistas que a veces cortan la continuidad de acciones y estrategias que están funcionando”, mencionó Diana Dajer, gerente de participación ciudadana de la Fundación Corona.
El sector privado cumple un rol fundamental para fortalecer la democracia en los territorios
El gremio cafetero, uno de los más representativos de Colombia, manifestó su descontento al no ser reconocido como actor estratégico para el fortalecimiento de la democracia en las regiones. La Federación Nacional de Cafeteros tiene presencia en 603 municipios en 23 departamentos del país: “Por décadas los cafeteros hemos contribuido al desarrollo económico y a cambiar los cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Queremos seguir trabajando con todas las autoridades y miembros de la sociedad civil en eso, pero está en juego la institucionalidad, por lo que esperamos poder trabajar de la mano con el estado”, comentó Germán Bahamon.
Con este alcance, mencionan, se pueden crear alianzas para que el brazo institucional se extienda a los territorios. Además, si el gobierno garantiza mayor seguridad para el ejercicio de sus operaciones, más personas podrán verse beneficiadas a través de la generación de empleo y el aprovechamiento de las regalías o inversiones que las empresas dejen en el lugar.
